Cómo la nada puede valer mucho
Una botella de gaseosa tirada al pie de un canasto de basura no vale nada. Sin embargo, cuando este envase, hecho de un derivado del petróleo llamado PET, es preclasificado por un cartonero, llevado a un depósito de chatarra, pasa a valer cerca de 80 centavos por kilo.
Estos intermediarios lo venden enfardado a $1,40 a alguna de las empresas que lo procesan definitivamente y lo exportan. Cuando el barco zarpa con el PET molido rumbo a China, por ejemplo, el material en los containers tiene un valor de alrededor de 60 centavos de dólar. Así la nada se convierte en mantas, buzos y cuellos polares, entre otras cosas. Así la nada se convierte en dinero.
Claro que el menos afortunado en esta cadena de reciclaje es siempre el primer eslabón, el cartonero de barrio que está juntando el billete del día. Un muchacho que no va a tener posibilidad de jubilarse porque no está aportando al Estado.
Y, aunque parezca mentira, muchos de ellos piensan que no les conviene pasar al terreno formal ya que la “fortuna” que hacen a diario es de nada más que 30 pesos, aproximadamente, ¿cómo entonces se les puede pedir que regulen su labor? Además, ¿cómo una persona que fue expulsada del sistema laboral va a tener ansias de colaborar con él?
La manganeta
La estrategia para traspasar lo recuperado por el ciruja del terreno informal al formal, parece simple a simple vista. Según Marcelo Loto, coordinador de la cooperativa Reciclando Sueños
Trabajo y Transformación, los depósitos “compran el material preclasificado y luego lo venden a los fabricantes. Ahí se blanquea la actividad, con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cosa que no le pagan a los cartoneros, que no tienen forma de facturar”.
El blanqueo de la actividad, aunque parece una evidente artimaña, es más complicado de lo que insinúa. Oscar Olivera, ex secretario de Cultura del partido de Morón, retomó hace algunos años su trabajo como propietario de un depósito pequeño en una zona barrial de la localidad de Castelar, luego de terminar su gestión como funcionario.
A pesar de conocer el ambiente de la compraventa de chatarra, Olivera nunca logró que los grandes depósitos le revelen cómo legalizan el material: “sé que hay un tema con el IVA, que no conozco bien. Allí se entra en una zona negra donde nadie te da información”.
Pero es el modo de operar el que intriga a todos. ¿Cómo se formaliza? En primera instancia hay una desidia importante de parte de los órganos estatales de control. Como segundo punto, existe una mecánica casi perfecta que impide todo tipo de frenos. El blanqueo de la actividad, aunque parece una evidente artimaña, es más complicado de lo que insinúa.
El procedimiento se lleva a cabo en el medio de la cadena. Aunque no todos hacen lo mismo, entre los depósitos chicos de chatarra o los cartoneros y las grandes empresas que procesan y comercializan los residuos hay intermediarios que aprovechan la inexistencia de legislación tributaria sobre el tema y utilizan artilugios que bien podrían estar catalogados como ilegales.
Hay dos métodos para hacerlo. El primero consiste en apoyarse en el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al “asumir” que los cartoneros son consumidores finales, generándose un crédito fiscal inexistente. El consumidor final es la última persona en la línea de comercialización de bienes que fueron utilizados para su uso particular, y que con la compra del producto paga el impuesto.
Pero el cartonero no tiene estatus de consumidor final, ya que lo que comercializa no le supuso ningún gasto y no se le puede computar ningún crédito fiscal. Sólo recolectó algo que estaba abandonado: ahí está la trampa.
El que adquiere lo recolectado por los cartoneros hace creer al Estado que ha comprado a un consumidor final y, por ende, que el 21% de lo abonado correspondería al IVA, pero eso no es así.
La otra forma es comprar facturas apócrifas, algo parecido a lo que pasó con el escándalo de Skanska, con empresas fantasmas, que no tienen ninguna actividad más allá de emitir las llamadas facturas “truchas”. El resultado es el mismo. El gran depósito, que vive de lo que le venden los pequeños comerciantes de chatarra y los cirujas en negro, se queda al final de la transacción con porciones de dinero que deberían haber ido a las arcas públicas.
El tratamiento tributario del “negocio del cirujeo” es un tema muy controvertido entre los especialistas. Como en muchos otros escenarios, hay un vacío legal. Quienes legislan no han acompañado el desarrollo de esta actividad con su correspondiente regulación. Prácticamente, no existen ni doctrina ni jurisprudencia al respecto.Estos intermediarios lo venden enfardado a $1,40 a alguna de las empresas que lo procesan definitivamente y lo exportan. Cuando el barco zarpa con el PET molido rumbo a China, por ejemplo, el material en los containers tiene un valor de alrededor de 60 centavos de dólar. Así la nada se convierte en mantas, buzos y cuellos polares, entre otras cosas. Así la nada se convierte en dinero.
Claro que el menos afortunado en esta cadena de reciclaje es siempre el primer eslabón, el cartonero de barrio que está juntando el billete del día. Un muchacho que no va a tener posibilidad de jubilarse porque no está aportando al Estado.
Y, aunque parezca mentira, muchos de ellos piensan que no les conviene pasar al terreno formal ya que la “fortuna” que hacen a diario es de nada más que 30 pesos, aproximadamente, ¿cómo entonces se les puede pedir que regulen su labor? Además, ¿cómo una persona que fue expulsada del sistema laboral va a tener ansias de colaborar con él?
La manganeta
La estrategia para traspasar lo recuperado por el ciruja del terreno informal al formal, parece simple a simple vista. Según Marcelo Loto, coordinador de la cooperativa Reciclando Sueños
Trabajo y Transformación, los depósitos “compran el material preclasificado y luego lo venden a los fabricantes. Ahí se blanquea la actividad, con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cosa que no le pagan a los cartoneros, que no tienen forma de facturar”.El blanqueo de la actividad, aunque parece una evidente artimaña, es más complicado de lo que insinúa. Oscar Olivera, ex secretario de Cultura del partido de Morón, retomó hace algunos años su trabajo como propietario de un depósito pequeño en una zona barrial de la localidad de Castelar, luego de terminar su gestión como funcionario.
A pesar de conocer el ambiente de la compraventa de chatarra, Olivera nunca logró que los grandes depósitos le revelen cómo legalizan el material: “sé que hay un tema con el IVA, que no conozco bien. Allí se entra en una zona negra donde nadie te da información”.
Pero es el modo de operar el que intriga a todos. ¿Cómo se formaliza? En primera instancia hay una desidia importante de parte de los órganos estatales de control. Como segundo punto, existe una mecánica casi perfecta que impide todo tipo de frenos. El blanqueo de la actividad, aunque parece una evidente artimaña, es más complicado de lo que insinúa.
El procedimiento se lleva a cabo en el medio de la cadena. Aunque no todos hacen lo mismo, entre los depósitos chicos de chatarra o los cartoneros y las grandes empresas que procesan y comercializan los residuos hay intermediarios que aprovechan la inexistencia de legislación tributaria sobre el tema y utilizan artilugios que bien podrían estar catalogados como ilegales.
Hay dos métodos para hacerlo. El primero consiste en apoyarse en el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al “asumir” que los cartoneros son consumidores finales, generándose un crédito fiscal inexistente. El consumidor final es la última persona en la línea de comercialización de bienes que fueron utilizados para su uso particular, y que con la compra del producto paga el impuesto.
Pero el cartonero no tiene estatus de consumidor final, ya que lo que comercializa no le supuso ningún gasto y no se le puede computar ningún crédito fiscal. Sólo recolectó algo que estaba abandonado: ahí está la trampa.
El que adquiere lo recolectado por los cartoneros hace creer al Estado que ha comprado a un consumidor final y, por ende, que el 21% de lo abonado correspondería al IVA, pero eso no es así.
La otra forma es comprar facturas apócrifas, algo parecido a lo que pasó con el escándalo de Skanska, con empresas fantasmas, que no tienen ninguna actividad más allá de emitir las llamadas facturas “truchas”. El resultado es el mismo. El gran depósito, que vive de lo que le venden los pequeños comerciantes de chatarra y los cirujas en negro, se queda al final de la transacción con porciones de dinero que deberían haber ido a las arcas públicas.
“Sáquenlos de la calle”
La gente mira de reojo a los cartoneros, con desconfianza y hasta con asco, sin conocer su importante función para la ecología y la industria del país. Pocos saben que el ecosistema se beneficia con la actividad de los cartoneros. Cada tonelada de cartón que se recupera evita que se tale un árbol.Muchos ven a los cirujas con rencor, saben que si pudieran hacer lo que ellos hacen, en gran escala y bajo la anuencia del sistema, ganarían una enorme cantidad de dinero.
Sin embargo, si el Estado no hace nada para evitar esta actividad ilegal, es porque no le conviene regularizar la situación de tantas instancias laborales ilícitas. Para tener una idea de la cantidad de personas que viven de esta actividad de recuperación de residuos, alcanza con el siguiente ejemplo: el pequeño depósito de Olivera tiene como clientes a más de cien cartoneros que visitan el lugar al menos una vez por semana. Si se los obligara a dejar las calles, el país se encontraría con un gran problema social. Miles de argentinos, además de estar desocupados, morirían de hambre.
He Dicho
A.M.
A.M.
